El alcalde de Haría, Marci Acuña, acompañado por el primer teniente de alcalde, José Pérez Dorta, dio a conocer este viernes las conclusiones del informe jurídico externo encargado a Lexelia Abogados para valorar la situación actual del conflicto que mantiene el Ayuntamiento norteño con el Cabildo de Lanzarote a cuenta de la Cueva de Los Verdes y las actuaciones a seguir.
Según el informe legal, la aprobación del acuerdo extrajudicial requería autorización del órgano autonómico competente, por lo que la ausencia de dicha autorización podría acarrear la nulidad del mismo. No obstante, la ley contempla la posibilidad de convalidar dicho acto con posterioridad, por lo que lo más razonable es que el Consistorio, ya sea de forma individual o conjuntamente con el Cabildo, trate de subsanar este aspecto, en virtud de lo previsto en el artículo 52.4 la LPCA.
Una vez obtenida la autorización, se debería solicitar la homologación judicial del citado acuerdo, que seguiría resultando aplicable entre las partes mientras no se anule. La homologación no sería otorgada por el Juez cuando lo acordado sea manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico o lesivo al interés público o de terceros.
En caso de no obtenerse la autorización o si se denegase la homologación judicial por considerarse manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico o lesivo al interés público, el Ayuntamiento debería promover la nulidad del mismo, requiriendo para ello el dictamen previo y vinculante del Consejo Consultivo de Canarias, así como declarar la lesividad del acuerdo por parte del Pleno para, posteriormente, solicitar la anulación judicial del mismo.
Otra de las alternativas que tendría la Corporación municipal sería la de solicitar la ejecución de la sentencia. Sin embargo, esta última alternativa no estaría exenta de dificultades hasta que el acuerdo extrajudicial no quede sin efecto.
Marci Acuña incidió en que “seguimos defendiendo los intereses de Haría, dejando claro que en estos momentos tenemos un acuerdo que garantiza inversiones y recursos para nuestro municipio, pero siempre actuando con la prudencia de su fundamentación jurídica”.
